{"Result":"OK","Records":[{"idAnalisis":"835986","identificadorExpediente":"FLP 001221/2024/CS001","fecha":"19/11/2026","caratula":"BOBBIO, MARIA DEL CARMEN c/ SWISS MEDICAL SA Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986","materia":"CONSTITUCIONAL - CONSUMO - SALUD","hijos":"0","analisisPublico":"S","inadmisibleCompetencia":"","materiaSecretaria":"Consumo","tomoPagina":"","tipoDictamen":null,"conReferidos":null,"numeroID":null,"codigo":8359861,"anioFallo":null,"caratulaFallo":null,"alias":null,"cabecilla":"<p style=\"text-indent: 2em;\">La actora interpuso una acción de amparo contra una entidad de medicina privada a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del <a href=\"https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-395521/texto\">decreto de necesidad y urgencia 70/2023</a>, que derogaron el artículo 5°, inciso g, y sustituyeron el artículo 17 de ley 26.682 que imponían el control estatal respecto de los valores de las cuotas de los planes prestacionales de los servicios de salud a cargo de la demandada. La cámara declaró la inconstitucionalidad planteada y ordenó a la demandada limitar los aumentos de las cuotas al porcentaje que arrojase el Índice de Precios al Consumidor (IPC). </p><p style=\"text-indent: 2em;\">Tanto la empresa demandada como el Estado Nacional interpusieron recursos extraordinarios y la Corte confirmó parcialmente la sentencia apelada.</p><p style=\"text-indent: 2em;\">Recordó en primer lugar que el ejercicio válido de las  facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo exige que exista un estado de necesidad y urgencia, lo que supone la concurrencia de que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario establecido en la Constitución o que la situación que requiere solución sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley.</p><p style=\"text-indent: 2em;\">Entendió que correspondía declarar la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas ya que de la lectura de los considerandos del decreto no surge una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones en la <a href=\"https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-182180/actualizacion\">ley 26.682</a>.</p><p style=\"text-indent: 2em;\">Agregó el Tribunal que la sola afirmación de que existe una \"crisis del sistema de salud” que exige “aumentar la competitividad del sistema” para lo cual “se deben liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga” no demuestra mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley y que los considerandos del DNU 70/2023 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación.</p><p style=\"text-indent: 2em;\">Finalmente, aclaró que lo resuelto no implicó en modo alguno, emitir opinión respecto de otros aspectos del decreto y su posible justificación, los que, eventualmente, serán analizados en los casos concretos que se presenten y lleguen a la Corte.</p>","htmlRelevancia":"<i class='fa fa-asterisk fa-sm'></i><i class='fa fa-asterisk fa-sm'></i><i class='fa fa-asterisk fa-sm'></i>","titulo":"Cuotas de los planes de medicina prepaga y decreto de necesidad y urgencia","fechaModificacion":1795112810605,"sentenciaArbitraria":false,"inconstitucional":true,"digital":false,"novedad":true,"privado":false,"tieneVotos":false,"tieneChequeoVoto":false,"tieneControl":false,"resumen":null},{"idAnalisis":"835975","identificadorExpediente":"FSM 063507/2025/3/1/1/RH003","fecha":"19/11/2026","caratula":"Recurso Queja Nº 1 - Incidente Nº 1 - PANTANO, LUCIANO NICOLAS s/INCIDENTE DE RECURSO EXTRAORDINARIO","materia":"COMPETENCIA - PENAL","hijos":"0","analisisPublico":"S","inadmisibleCompetencia":"","materiaSecretaria":"Penal","tomoPagina":"","tipoDictamen":null,"conReferidos":null,"numeroID":null,"codigo":8359751,"anioFallo":null,"caratulaFallo":null,"alias":null,"cabecilla":"<p style=\"text-indent: 2em;\">A partir de una denuncia en la que se atribuyó la adquisición de un inmueble ubicado en el partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires sin que existiera capacidad económica suficiente y se postuló la posible comisión del delito de lavado de activos, se originó una serie de conflictos de competencia que determinó que, en su segunda intervención, la Cámara Federal de Casación Penal declarara competente al Juzgado Federal de Campana.</p><p style=\"text-indent: 2em;\">La Corte dejó sin efecto esta sentencia al entender que la garantía de juez natural se vio afectada de modo severo e inequívoco a través de una grosera violación a las reglas de competencia y un evidente apartamiento de las constancias de la causa y la normativa aplicable.</p><p style=\"text-indent: 2em;\">Resaltó que resultaba claro que se trata de una pesquisa compleja de lavado de activos, a través de un presunto entramado societario y financiero destinado a canalizar, administrar y legitimar activos de origen presuntamente ilícito mediante la utilización coordinada de diversas personas físicas y jurídicas y que la existencia del inmueble en dicha localidad constituyó el primer indicador patrimonial que permitió inferir la posible existencia de aquella operatoria pero de ningún modo abarca el objeto de investigación.</p><p style=\"text-indent: 2em;\">Señaló además que varias de las personas jurídicas involucradas registraban domicilios legales u operativos en esta ciudad, y la Asociación del Fútbol Argentino —entidad alrededor de la cual se habría estructurado parte de la hipótesis investigativa— también poseía su sede social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La hipótesis investigada comprende también entonces la constitución y modificación de sociedades, la cesión de participaciones, la ampliación de capital, la administración de personas jurídicas y la adopción de decisiones comerciales vinculadas con la adquisición y utilización de diversos activos y la mayor parte de esos elementos aparece territorialmente asociada con la Ciudad, donde tenían sede las sociedades involucradas y donde se habrían desarrollado actos centrales de la operatoria.</p><p style=\"text-indent: 2em;\">Entendió así que quedaba en evidencia que el Partido de Pilar no era en modo alguno el centro de dirección y desenvolvimiento de la actividad bajo investigación y que la vinculación de esa jurisdicción con el caso derivaba únicamente de la ubicación de un inmueble pero no servía para dirimir la competencia territorial cuando la hipótesis delictiva consiste en la presunta existencia de una red internacional de intermediarios que habrían operado a los efectos de canalizar fuera del circuito bancario argentino fondos obtenidos por la AFA mediante un complejo circuito financiero.</p><p style=\"text-indent: 2em;\">El Tribunal señaló finalmente que la competencia federal del delito de lavado de activos de origen ilícito nunca estuvo controvertida y declaró que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que previno continúe con el trámite de las actuaciones, sin perjuicio de lo que resulte ulteriormente en orden al establecimiento con mayor exactitud de los hechos denunciados, su alcance y su significación jurídica.</p>","htmlRelevancia":"<i class='fa fa-asterisk fa-sm'></i><i class='fa fa-asterisk fa-sm'></i><i class='fa fa-asterisk o fa-sm'></i>","titulo":"Lavado de activos de origen ilícito: determinación de la competencia","fechaModificacion":1795115826345,"sentenciaArbitraria":false,"inconstitucional":false,"digital":false,"novedad":true,"privado":false,"tieneVotos":false,"tieneChequeoVoto":false,"tieneControl":false,"resumen":null},{"idAnalisis":"835873","identificadorExpediente":"FSA 000517/2019/CS001","fecha":"19/11/2026","caratula":"ARGAÑARAZ OLIVERO, RAFAEL AURELIO c/ MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA NACION s/AMPARO LEY 16.986","materia":"ADMINISTRATIVO","hijos":"0","analisisPublico":"S","inadmisibleCompetencia":"","materiaSecretaria":"Administrativo","tomoPagina":"","tipoDictamen":null,"conReferidos":null,"numeroID":null,"codigo":8358731,"anioFallo":null,"caratulaFallo":null,"alias":null,"cabecilla":"<p style=\"text-indent: 2em;\">El actor promovió “acción de amparo de acceso a la información pública” contra el Poder Ejecutivo Nacional y pidió que se ordenara la entrega de los Reportes de Resultado correspondientes a todos los Establecimientos Educativos o Instituciones de la Provincia de Salta que hayan participado de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017. El Estado Nacional se opuso a la pretensión argumentando que publicar los resultados expondría a alumnas y alumnos a una posible estigmatización y que permitiría realizar un \"sistema de rankings de escuelas\" que produciría un menoscabo para la dignidad de los estudiantes y docentes. La cámara ordenó al ministerio que brindase al actor, vía informática, los reportes de resultado correspondientes.</p><p style=\"text-indent: 2em;\">La Corte, por mayoría, confirmó esta sentencia. </p><p style=\"text-indent: 2em;\">Comenzó recordando que, si bien impera el principio de máxima divulgación, el derecho de acceso a la información no es un derecho absoluto y su ejercicio puede estar sujeto a restricciones, verdaderamente excepcionales, por medio de las cuales se persiga objetivos legítimos y que sean necesarias para alcanzar la finalidad perseguida. </p><p style=\"text-indent: 2em;\">Consideró que la demandada no demostró que los datos hayan sido obtenidos como parte de las actividades estadísticas oficiales o censos cuya planificación, promoción y coordinación corresponda al INDEC, de modo que pudieran tener carácter de estrictamente secretos y estadísticos, ni que el régimen de difusión restringido de reportes por escuela se ajustara a las previsiones de confidencialidad del secreto estadístico. Agregó que la mera cita dogmática y abstracta de normas generales que habilitarían excepciones no puede considerarse suficiente como respuesta a un pedido de acceso a la información pública.</p><p style=\"text-indent: 2em;\">Señaló que para que la restricción de acceso a los resultados se ajuste a los términos de la Ley de Educación Nacional, la defensa estatal se encontraba obligada a demostrar que su difusión podría ocasionar alguna “forma de estigmatización” y ello debería ser ponderado “en el marco de la legislación vigente en la materia”. Y que con los elementos que incorporó en la causa, a partir de los cuales únicamente exhibió una negativa genérica, abstracta y conjetural, la demandada no logró demostrar que la difusión de los datos solicitados por el actor implique una lesión a la dignidad o a la reputación de persona alguna, ni que constituya una injerencia arbitraria o ilegal en la vida privada o intimidad familiar de personas menores o mayores de edad. </p><p style=\"text-indent: 2em;\">Concluyó así que acceder a los resultados de los operativos “Aprender” y “Enseñar” es un instrumento esencial para el control social y, en base a ellos, para fiscalizar qué medidas se adoptaron para mejorar y favorecer la situación de los grupos que tuvieron bajo desempeño. </p><p style=\"text-indent: 2em;\">Añadió que hacer pública la información requerida, apunta a efectivizar la “igualdad real de oportunidades” antes que a estigmatizar alumnos y docentes, en tanto que la comunidad cuente con herramientas idóneas para conocer resultados en materia de educación importa -a la vez- otorgarle la posibilidad de peticionar a las autoridades públicas políticas concretas para revertir resultados deficitarios y, con ello, mejorar la situación de sectores desaventajados. </p><p style=\"text-indent: 2em;\">Finalmente, aclaró que está fuera de discusión que se debe evitar la difusión de información de las personas que participaron en los operativos en cuestión de modo que se pueda comprometer su intimidad y honor. </p><p style=\"text-indent: 2em;\">El juez Rosenkrantz, en disidencia, sostuvo que la restricción del artículo 97 de la <a href=\"https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-123542/actualizacion\">ley 26.206</a> y su reglamentación, en cuanto prohíbe el acceso indiscriminado a los resultados obtenidos por cada establecimiento educativo en los dispositivos mencionados resulta razonable, pues se limita al resguardo de la identidad de los alumnos, docentes e instituciones educativas a los fines de prevenir y evitar que la difusión masiva de dicha información pudiera conducir a cualquier forma de estigmatización de los sujetos intervinientes, con el consecuente menoscabo que ello tendría sobre la igualdad educativa que el sistema de evaluación concebido pretende alcanzar como una de sus metas principales.</p>","htmlRelevancia":"<i class='fa fa-asterisk fa-sm'></i><i class='fa fa-asterisk fa-sm'></i><i class='fa fa-asterisk o fa-sm'></i>","titulo":"Acceso a la información pública: resultados de evaluaciones del sistema educativo","fechaModificacion":1795120648175,"sentenciaArbitraria":false,"inconstitucional":false,"digital":false,"novedad":true,"privado":false,"tieneVotos":false,"tieneChequeoVoto":false,"tieneControl":false,"resumen":null},{"idAnalisis":"835902","identificadorExpediente":"FSM 125486/2017/TO01/59/1/RH009","fecha":"19/11/2026","caratula":"Recurso Queja Nº 1 - Incidente Nº 59 -  NN: GALLARDO, LUIS ALBERTO Y OTROS s/INCIDENTE DE RECURSO EXTRAORDINARIO","materia":"PENAL","hijos":"0","analisisPublico":"S","inadmisibleCompetencia":"","materiaSecretaria":"Penal","tomoPagina":"","tipoDictamen":null,"conReferidos":null,"numeroID":null,"codigo":8359021,"anioFallo":null,"caratulaFallo":null,"alias":null,"cabecilla":"<p style=\"text-indent:2em\">La Cámara Federal de Casación anuló la sentencia recurrida en lo que respecta al monto de la pena de multa impuesta a los condenados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Basó su decisión en que el fiscal no había solicitado su imposición y por ende tampoco había establecido su monto. </p><p style=\"text-indent:2em\">La Corte, por mayoría, dejó sin efecto este pronunciamiento.</p><p style=\"text-indent:2em\">Afirmó que, bajo la pretendida e inapropiada invocación de la afectación del principio acusatorio, había invalidado la imposición de la pena de multa, prescindiendo de la norma aplicable pues el artículo 5, inciso c), de la ley 23.737 -a tenor del cual fueron condenados los acusados- expresamente así lo establece, con menoscabo, además, de los compromisos asumidos por el Estado en la materia.</p><p style=\"text-indent:2em\">Señaló que ambas especies de pena previstas en dicha norma -prisión y multa- son principales y deben aplicarse en forma conjunta por lo cual el tribunal no puede condenar sólo a prisión porque la multa no fue requerida por el acusador, en tanto las dos son efecto de la sentencia condenatoria y proceden por imperativo legal.</p><p style=\"text-indent:2em\">Agregó el Tribunal que la cámara se apartó así de la doctrina según la cual en materia de nulidades debe primar un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe pronunciarse por la anulación de las actuaciones cuando exista un derecho o interés legítimo lesionado, de modo que cause un perjuicio irreparable, más no cuando falte una finalidad práctica en su admisión.</p>","htmlRelevancia":"<i class='fa fa-asterisk fa-sm'></i><i class='fa fa-asterisk o fa-sm'></i><i class='fa fa-asterisk o fa-sm'></i>","titulo":"Aplicación conjunta de prisión y multa- Inapropiada invocación de afectación del principio acusatorio","fechaModificacion":1795124638777,"sentenciaArbitraria":true,"inconstitucional":false,"digital":false,"novedad":true,"privado":false,"tieneVotos":false,"tieneChequeoVoto":false,"tieneControl":false,"resumen":null},{"idAnalisis":"835804","identificadorExpediente":"E. 245. XLVIII. ORI","fecha":"19/11/2026","caratula":"ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS S.A.C.I.F.A. Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL s/NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO","materia":"ADMINISTRATIVO","hijos":"0","analisisPublico":"S","inadmisibleCompetencia":"","materiaSecretaria":"Originarios","tomoPagina":"","tipoDictamen":null,"conReferidos":null,"numeroID":null,"codigo":8358041,"anioFallo":null,"caratulaFallo":null,"alias":null,"cabecilla":"<p style=\"text-indent: 2em;\">La empresa actora promovió demanda contra el Estado Nacional a fin de obtener la declaración de nulidad del artículo 3° del <a href=\"https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-197156\">decreto nacional 664/2012</a> en cuanto le impuso una multa por incumplimiento del programa de promoción no industrial implementado en el marco del artículo 51, último párrafo, de la<a href=\"https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-48163/actualizacion\"> ley 24.938</a> y del <a href=\"https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-52981/texto\">decreto 1074/1998</a> del que resultó beneficiaria.</p><p style=\"text-indent: 2em;\">La Corte, en el marco de su competencia originaria, rechazó esta demanda. </p><p style=\"text-indent: 2em;\">Expresó que el decaimiento de los beneficios fiscales y el reintegro y/o devolución de los tributos adeudados dispuestos en el art. 1° del decreto 664/2012, como la multa aplicada en su art. 3°, son dos consecuencias necesarias e inescindibles de los mismos incumplimientos atribuidos a la actora al proyecto promovido aprobado por el artículo 1º y el Anexo I del <a href=\"https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-55838/texto\">decreto 1535/1998</a> y que, en tales condiciones, el planteo no podía prosperar, porque desconocía uno de los contenidos esenciales del principio cardinal de la buena fe, con arreglo al cual nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.</p><p style=\"text-indent: 2em;\">En efecto, la actora, por un lado, mediante un acto procesal expreso, claro y contundente renuncia a controvertir las obligaciones tributarias adeudadas, consintiendo así los incumplimientos que se le imputan al proyecto promovido que originaron el decaimiento de los beneficios fiscales con la consecuente obligación de reintegro y/o devolución de los impuestos en cuestión, y por el otro, cuestiona la multa que se le aplicó con sustento en los mismos incumplimientos que consintió.</p><p style=\"text-indent: 2em;\">Agregó el Tribunal que resultaba inadmisible la pretensión dirigida a que se declare la nulidad de la norma cuestionada sobre la base de considerar que la multa allí impuesta debe tenerse por condonada en razón del acogimiento de la empresa al régimen de regularización impositiva de la ley 26.476 pues la multa fue aplicada según lo dispuesto en el art. 17 de la<a href=\"https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-32191/texto\"> ley 22.021</a> y sus modificatorias (conf. artículo 3° del decreto 664/2012), norma legal que consagra un régimen promocional y que, precisamente, por esa circunstancia, se halla excluido en forma expresa de la <a href=\"https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-148719/actualizacion\">ley 26.476</a>.</p>","htmlRelevancia":"<i class='fa fa-asterisk fa-sm'></i><i class='fa fa-asterisk o fa-sm'></i><i class='fa fa-asterisk o fa-sm'></i>","titulo":"Programa de promoción no industrial - Cuestionamiento de una multa","fechaModificacion":1795126824122,"sentenciaArbitraria":false,"inconstitucional":false,"digital":false,"novedad":true,"privado":false,"tieneVotos":false,"tieneChequeoVoto":false,"tieneControl":false,"resumen":null},{"idAnalisis":"835042","identificadorExpediente":"FGR 020359/2015/CS001","fecha":"12/11/2026","caratula":"NICOLINI, DAVID ATILIO c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) s/AMPARO LEY 16.986","materia":"PREVISIONAL","hijos":"0","analisisPublico":"S","inadmisibleCompetencia":"","materiaSecretaria":"Previsional","tomoPagina":"","tipoDictamen":null,"conReferidos":null,"numeroID":null,"codigo":8350421,"anioFallo":null,"caratulaFallo":null,"alias":null,"cabecilla":"<p style=\"text-indent: 2em;\">La cámara rechazó la acción de amparo promovida por un retirado de la Policía de la Provincia de Río Negro contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, dirigida a que se incorpore a su haber de retiro el coeficiente por zona austral creado por la <a href=\"https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-144653/actualizacion\">ley 19.485</a>. Fundó su decisión en que ese beneficio no podía acumularse en su totalidad con el adicional por \"zona desfavorable\" (otorgado al personal policial rionegrino en actividad) al entender que el sentido y finalidad de ambos adicionales guardaban sustancial analogía.</p><p style=\"text-indent: 2em;\">La Corte dejó sin efecto esta sentencia. </p><p style=\"text-indent: 2em;\">Consideró que ella había efectuado una indebida interpretación restrictiva de esta bonificación, al asimilarla con el complemento del salario (tanto en actividad como en retiro) del actor, puesto que tal limitación no surge de la ley mencionada —que no fijó incompatibilidad alguna—, sino que fue impuesta por la cámara con fundamento en la denominación de los suplementos, sin analizar su origen.</p><p style=\"text-indent: 2em;\">Efectivamente, la bonificación creada por ley nacional, aplicable a la generalidad de los jubilados, está supeditada solamente a la residencia en las zonas allí determinadas. La normativa no distingue entre beneficiarios en función del empleo que tenían, sus componentes salariales o el régimen mediante el cual obtuvieron su prestación, sino más bien expresa una generalidad, incompatible con la postura restrictiva del pronunciamiento apelado, que torna inoperante lo establecido por el legislador.</p><p style=\"text-indent: 2em;\">Por el contrario, el ítem “zona desfavorable”, que cobró el recurrente mientras era personal activo de la policía provincial, constituye un suplemento general por el que efectuó aportes previsionales y era parte integrante y destacada (40%) de su haber mensual.</p><p style=\"text-indent: 2em;\">Concluyó así el Tribunal que no existía una doble percepción de beneficios con una misma causa en tanto estos no poseen igual naturaleza jurídica.</p>","htmlRelevancia":"<i class='fa fa-asterisk fa-sm'></i><i class='fa fa-asterisk fa-sm'></i><i class='fa fa-asterisk o fa-sm'></i>","titulo":"Bonificación por zona austral y adicional por zona desfavorable: distinta naturaleza jurídica ","fechaModificacion":1794499166545,"sentenciaArbitraria":false,"inconstitucional":false,"digital":false,"novedad":true,"privado":false,"tieneVotos":false,"tieneChequeoVoto":false,"tieneControl":false,"resumen":null},{"idAnalisis":"834698","identificadorExpediente":"CAF 008137/2014/CS001","fecha":"12/11/2026","caratula":"CAMARA EMPRESARIA DE TRANSPORTE INTERURBANO EN JURISDICCION NACIONAL DE PASAJEROS c/ EN-CNRT s/PROCESO DE CONOCIMIENTO","materia":"ADMINISTRATIVO - PROCESAL","hijos":"0","analisisPublico":"S","inadmisibleCompetencia":"","materiaSecretaria":"Administrativo","tomoPagina":"","tipoDictamen":null,"conReferidos":null,"numeroID":null,"codigo":8346981,"anioFallo":null,"caratulaFallo":null,"alias":null,"cabecilla":"<p style=\"text-indent:2em\">La cámara empresaria actora promovió una demanda con el objeto de obtener la declaración de nulidad de las normas dictadas por la Cámara Nacional de Transporte que exigen que se debe presentar el libre deuda de multas para realizar trámites ante dicho organismo.</p><p style=\"text-indent:2em\">La Corte revocó la sentencia apelada y rechazó la demanda.</p><p style=\"text-indent:2em\">Señaló que, previo a analizar la cuestión de fondo, correspondía recordar que la intervención de los tribunales federales se encuentra subordinada a la existencia de un “caso”, “causa” o “controversia” y que para que ello ocurra, resulta imprescindible que quien promueve la acción judicial tenga legitimación para hacerlo.</p><p style=\"text-indent:2em\">Entendió que la entidad actora -con sustento en su estatuto- pretendía ejercer la defensa de derechos puramente individuales de las empresas que nuclea y que, por regla, quien está habilitado para instar la acción en tutela de un interés propio y exclusivo es su titular.</p><p style=\"text-indent:2em\">Afirmó que la legitimación procesal activa corresponde, por principio, a cada una de las empresas que –eventualmente- se consideren afectadas por la normativa que se impugna, lo que determinaba la ausencia de legitimación procesal activa.</p><p style=\"text-indent:2em\">Agregó que tampoco resultaba admisible la pretensión subsidiaria de la actora de justificar su legitimación invocando la defensa de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos de sus miembros, de acuerdo con el criterio establecido en el caso “<a href=\"https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/consultaSumarios/buscarTomoPagina.html?tomo=332&amp;pagina=111\">Halabi</a>” ya que no se había acreditado que el interés individual involucrado, considerado aisladamente, no justifique la promoción de una demanda.</p><p style=\"text-indent:2em\">En efecto, ni las constancias obrantes en la causa ni los términos de la pretensión demostraban que el acceso a la justicia de los integrantes del colectivo cuya representación se pretendía asumir pudiera verse comprometido si la cuestión no era llevada ante un tribunal de justicia por la cámara actora en el marco de una acción colectiva. En suma, no se advertía que la promoción de acciones individuales respecto de la cuestión planteada resultara inviable o de muy difícil concreción.</p>","htmlRelevancia":"<i class='fa fa-asterisk fa-sm'></i><i class='fa fa-asterisk fa-sm'></i><i class='fa fa-asterisk o fa-sm'></i>","titulo":"Legitimación procesal de una entidad civil - Derechos puramente individuales","fechaModificacion":1794579332634,"sentenciaArbitraria":false,"inconstitucional":false,"digital":false,"novedad":true,"privado":false,"tieneVotos":false,"tieneChequeoVoto":false,"tieneControl":false,"resumen":null},{"idAnalisis":"835679","identificadorExpediente":"CSJ 003313/2025/RH001","fecha":"12/11/2026","caratula":"A., L. P. c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION DE ENTRE RIOS s/acción de amparo ","materia":"CONSTITUCIONAL - SALUD","hijos":"0","analisisPublico":"S","inadmisibleCompetencia":"","materiaSecretaria":"Administrativo","tomoPagina":"","tipoDictamen":null,"conReferidos":null,"numeroID":null,"codigo":8356791,"anioFallo":null,"caratulaFallo":null,"alias":null,"cabecilla":"<p style=\"text-indent:2em\">La actora, en representación de su hija menor titular de un certificado de discapacidad, promovió acción de amparo a fin de que se ordene el cese inmediato de la conducta lesiva y omisiva consistente en denegarle el derecho a la educación inclusiva y se disponga la implementación de un Proyecto Pedagógico Individual que garantice su trayectoria educativa completa, según la normativa vigente. El superior tribunal provincial rechazó esta acción con fundamento en que se encontraba en trámite un procedimiento administrativo en el que también se estaba examinando la cuestión debatida. </p><p style=\"text-indent:2em\">La Corte dejó sin efecto esta sentencia por considerar que había realizado un examen fragmentario de las disposiciones aplicables al caso y apoyado la decisión en afirmaciones dogmáticas que le daban un fundamento solo aparente.</p><p style=\"text-indent:2em\">Recordó que la admisibilidad de la acción no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente, ya que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias y que la  existencia de otras vías procesales que obstan a su procedencia no puede formularse en abstracto, sino que depende de la situación concreta a examinar.</p><p style=\"text-indent:2em\">Señaló que la sentencia apelada no brindaba razones para comprobar la existencia de esas otras vías idóneas y efectivas diferentes a la del amparo para dar debida respuesta a los derechos constitucionales que se alegaban como lesionados.</p><p style=\"text-indent:2em\">Afirmó que el superior tribunal de la causa se había limitado a aludir a un procedimiento administrativo previo sin analizar en forma pormenorizada si constituía una instancia útil para la salvaguarda de los derechos de la menor de edad, máxime cuando las autoridades provinciales ya habían dejado asentado que se habían realizado todas las intervenciones presentando las distintas propuestas que el sistema educativo poseía en la zona.</p><p style=\"text-indent:2em\">Entendió así el Tribunal que esta última afirmación, plasmada en las actuaciones administrativas, mostraría que dicho procedimiento se encontraba concluido o, cuanto menos, no sería un canal idóneo para dar solución al conflicto.</p><p style=\"text-indent:2em\">Los jueces intervinientes, entonces, tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que -atendiendo a los derechos involucrados- no se detuviera en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción.</p>","htmlRelevancia":"<i class='fa fa-asterisk fa-sm'></i><i class='fa fa-asterisk fa-sm'></i><i class='fa fa-asterisk o fa-sm'></i>","titulo":"Discapacidad y derecho a la educación: vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva","fechaModificacion":1794579368195,"sentenciaArbitraria":true,"inconstitucional":false,"digital":false,"novedad":true,"privado":false,"tieneVotos":false,"tieneChequeoVoto":false,"tieneControl":false,"resumen":null},{"idAnalisis":"835111","identificadorExpediente":"CSJ 000446/2023/RH001","fecha":"12/11/2026","caratula":"VIDELA, GUSTAVO LUIS c/ DIRECCION DE GEODESIA Y CATASTRO - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/inconstitucionalidad","materia":"ADMINISTRATIVO","hijos":"0","analisisPublico":"S","inadmisibleCompetencia":"","materiaSecretaria":"Administrativo","tomoPagina":"","tipoDictamen":null,"conReferidos":null,"numeroID":null,"codigo":8351111,"anioFallo":null,"caratulaFallo":null,"alias":null,"cabecilla":"<p style=\"text-indent:2em\">El actor planteó un recurso jerárquico contra una resolución de una dirección del gobierno provincial que fue rechazado por un decreto, notificado sin explicitar si el acto agotaba la vía administrativa. Cuestionó este decreto mediante un recurso de reconsideración que fue rechazado por un nuevo decreto. Frente a ello, interpuso una acción judicial de nulidad de dichos actos administrativos, que fue rechazada porque se consideró que había sido planteada luego de fenecido el plazo de caducidad ya que estimaron que el mismo debía computarse desde la notificación del primer decreto y no desde la notificación del segundo.</p><p style=\"text-indent:2em\">La Corte dejó sin efecto esta sentencia que incurrió en un injustificado rigor formal que atentó contra la defensa en juicio.</p><p style=\"text-indent:2em\">Señaló que los jueces provinciales no podían pasar por alto que, a diferencia de lo que acontece en la ley local actual, no estaba prevista la categoría de actos originarios del Poder Ejecutivo provincial, para los cuales dicho ordenamiento hoy prevé que “el recurso de reconsideración es obligatorio para agotar la vía administrativa” y que la pretensión recursiva que el actor llevó ante la administración provincial estaba habilitada por la norma vigente, o al menos no estaba vedada expresamente.</p><p style=\"text-indent:2em\">Agregó que la interposición de un recurso administrativo que no era necesario para habilitar la instancia judicial no puede, de ninguna manera, desmejorar la situación procesal del interesado ni coartarle el acceso a la jurisdicción y apeló a un criterio de razonabilidad, coherente con el principio rector en materia contencioso administrativa <em>in dubio pro actione.</em></p><p style=\"text-indent:2em\">Concluyó así que la interpretación efectuada por el superior tribunal provincial importaba una decisión de injustificado rigor formal que asumía gravedad porque conducía a la imposibilidad absoluta de volver a plantear el caso ante la justicia, y con ello a la pérdida del derecho material discutido. Añadió que esa gravedad se agudizaba al verificar que ambas partes, aun en forma subsidiaria en el caso de la demandada, exhibieron sus posiciones sobre el plano sustancial, intentaron probar sus dichos y alegaron sobre dichas pruebas con miras a poner fin al conflicto que en definitiva las tiene como contendientes.</p>","htmlRelevancia":"<i class='fa fa-asterisk fa-sm'></i><i class='fa fa-asterisk fa-sm'></i><i class='fa fa-asterisk o fa-sm'></i>","titulo":"In dubio pro actione y excesivo rigor formal","fechaModificacion":1794508146362,"sentenciaArbitraria":true,"inconstitucional":false,"digital":false,"novedad":true,"privado":false,"tieneVotos":false,"tieneChequeoVoto":false,"tieneControl":false,"resumen":null},{"idAnalisis":"835355","identificadorExpediente":"CSJ 302/2021","fecha":"05/11/2026","caratula":"CAMARA ARGENTINA DE LA ENERGIA c/ CORDOBA, PROVINCIA DE Y OTRO s/ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD - (EXPEDIENTE DIGITAL)","materia":"ADMINISTRATIVO - PROCESAL","hijos":"0","analisisPublico":"S","inadmisibleCompetencia":"","materiaSecretaria":"Originarios","tomoPagina":"","tipoDictamen":null,"conReferidos":null,"numeroID":null,"codigo":8353551,"anioFallo":null,"caratulaFallo":null,"alias":null,"cabecilla":"<p style=\"text-indent:2em\">La Cámara Argentina de la Energía Asociación Civil (CADE) promovió demanda contra la Provincia de Córdoba a fin de que se decrete la inconstitucionalidad de la ley 10.721 -en su totalidad, o, en subsidio, de los artículos 2°, incisos a, n y q, a 7°, normas concordantes y reglamentarias que se dicten en su consecuencia- y la Provincia de Santa Fe para que se declare la inconstitucionalidad de la ley 14.010 -en su totalidad, o, en subsidio, de los artículos 1° a 7°, 10° y 11, normas concordantes y reglamentarias-. Expresó que, a través de la normativa impugnada, se crean programas provinciales tendientes a prohibir o limitar la comercialización y utilización de combustibles tradicionales producidos por las empresas que integran la agrupación actora, procurando un cambio en las matrices energéticas locales que se contrapone a la política energética federal y a la normativa dictada por el Estado Nacional en esta materia, en particular, aquella que promueve la exploración y explotación de combustibles fósiles.</p><p style=\"text-indent:2em\">La Corte -en el marco de su competencia originaria- desestimó esta demanda.</p><p style=\"text-indent:2em\">Consideró que debía determinarse en primer lugar si existía un caso o controversia y señaló que el estatuto social de la actora no le otorgaba legitimación procesal para defender en juicio los derechos o intereses individuales de sus asociados, pues no constituía un acto de apoderamiento por parte de estos.</p><p style=\"text-indent:2em\">Recordó -como ya había dicho en el precedente “Cámara Unión Argentina de Empresarios del Entretenimiento” (Fallos: <a href=\"https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/consultaSumarios/buscarTomoPagina.html?tomo=345&amp;pagina=1531\">345: 1531</a>) al cual remitió- que las personas jurídicas son sujetos de derecho diferentes de las personas que las integran y se constituyen para satisfacer determinado interés común de los socios o asociados, el que no estaba en juego en el caso.</p><p style=\"text-indent:2em\">Puntualizó que no existía una previsión normativa que habilitara a la actora a defender derechos puramente individuales de sus integrantes, ni se cumplían los requisitos desarrollados en la causa “Halabi” (Fallos: <a href=\"https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/consultaSumarios/buscarTomoPagina.html?tomo=332&amp;pagina=111\">332:111</a>) para promover una acción vinculada con derechos individuales homogéneos, por cuanto para que esta acción resultara admisible la asociación debió acreditar, entre otros elementos, que se encontraba comprometido el acceso a la justicia de los interesados al no estar plenamente justificada la promoción de litigios individuales.</p><p style=\"text-indent:2em\">Añadió que la ausencia de las condiciones exigidas no podía verse salvada por la adhesión individual prestada por empresas del sector en reuniones de comisión directiva de la actora, pues de lo contrario bastaría acudir a este recurso para circunvalar las reglas que rigen la legitimación procesal y la representación en juicio en el orden nacional.</p>","htmlRelevancia":"<i class='fa fa-asterisk fa-sm'></i><i class='fa fa-asterisk fa-sm'></i><i class='fa fa-asterisk o fa-sm'></i>","titulo":"Legitimación procesal: inexistencia de norma que habilite a una persona jurídica a defender derechos puramente individuales ","fechaModificacion":1794578967582,"sentenciaArbitraria":false,"inconstitucional":false,"digital":false,"novedad":true,"privado":false,"tieneVotos":false,"tieneChequeoVoto":false,"tieneControl":false,"resumen":null}],"TotalRecordCount":10,"Message":null}